lunes, 22 de febrero de 2016

Corrupción


Desgraciadamente, es habitual desayunarnos cada día con la noticia de la detención o procesamiento de un concejal, un alcalde o cualquier otro cargo público, por prevaricación, por corrupción urbanística, por apropiación indebida, por cohecho, incluso por acoso laboral o sexual. Son noticias de actitudes inmorales e ilegales que empañan la imagen de la democracia y del ejercicio de la política, y que causan en la ciudadanía un efecto pernicioso de desprestigio de las instituciones, provocando comentarios como “todos son iguales” o “todos los políticos son unos ladrones”.

Y, lamentablemente, aunque los investigados y condenados son mayoritariamente del PP y del PSOE -por ese orden-, parece que no hay ningún partido o grupo político que se libre de la presencia de esos indeseables que conciben el servicio público que es la política, como un ejercicio de incremento de su cuenta corriente personal. 

Pero conviene señalar que la mala imagen la provocan los propios partidos cuando protegen a cargos sospechoso de corrupción con aforamientos, tratando de ocultar bajo excusas de lucha ideológica las miserias de sus corruptos. Si la justicia investiga o detiene a un cargo de un partido, la respuesta de sus dirigentes debería ser la suspensión cautelar inmediata del cargo público hasta que la justicia decida. Sólo así la ciudadanía recuperaría la confianza en sus representantes.

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